Política Energética

Paraguay - La privatización del sector eléctrico: un ataque a la soberanía y la vida.

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Por: Ricardo Canese, Parlamentario del Mercosur y ex coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos.

El “golpe” que pretende concretar un grupo de diputados, que terminan su mandato el 30 de junio, días antes, es nada menos que la privatización de la principal riqueza natural del país, la energía hidroeléctrica y todo el sector eléctrico. Lo hicieron sin consulta ni audiencia pública alguna. Evitando todo debate y con fuerte apoyo de cierta prensa empresarial, interesada en el negocio. Estos sectores políticos empresariales, que curiosamente se dicen “soberanos”, afirman que se debe privatizar el sector eléctrico en el Paraguay porque la ANDE no puede atender la creciente demanda eléctrica, porque es ineficiente y porque el marco jurídico eléctrico es obsoleto. Sostiene además que no se trata de una privatización y que los únicos que patalean en contra son los trabajadores de la ANDE para defender sus privilegios.

Pasamos a examinar estas medias verdades, que son los principales argumentos en los que se basa la supuesta “urgencia” en privatizar el sistema eléctrico nacional. Es tan “urgente” el tema, dicen, que no se puede esperar siquiera unos días a que asuman los nuevos representantes electos ni, tampoco, hay tiempo para debatir el tema con toda la opinión pública.

El primer argumento –que la ANDE como empresa pública ya no puede atender la creciente demanda eléctrica– es totalmente falso. El sector eléctrico del Paraguay (ANDE, Itaipú, Yacyretá), gracias a que es público, genera nada menos que 750 millones US$/año de beneficio neto al Estado, lo que ingresa en el Presupuesto General de la Nación. Con un tercio (250 millones US$/año) la ANDE puede ejecutar TODAS las obras de expansión que requiere el sistema eléctrico nacional. Entonces, ¿por qué se vacía al sector eléctrico, al obligarle a dar al Estado el triple de lo que se requiere invertir, y luego se dice que el sector público es incapaz de ampliar el servicio eléctrico? Al contrario, gracias a que se trata de un servicio público en manos del Estado, existen suficientes fondos (3 veces lo necesario) para ampliar el sistema eléctrico. Se le vacía al sistema eléctrico público de estos recursos para tener luego un argumento para privatizarlo. Perverso.

El segundo argumento, de que la ANDE es ineficiente, no se compadece con los resultados de la ANDE como empresa, que es una de las más eficientes de la región, lo que se demuestra porque ofrece una de las tarifas eléctricas más bajas del mundo SIN SUBSIDIO. Esa es la eficiencia, ofrecer un buen servicio a un bajo costo. Eso no ocurre en Brasil, cuyo sistema eléctrico fue privatizado en la década de 1990 y hoy ofrece una de las mayores tarifas eléctricas del mundo, lo mismo que muchos otros países. Con otras palabras, gracias a que el servicio eléctrico es público y manejado por el Estado, el Paraguay tiene una ventaja comparativa enorme en relación a otros países, pudiendo ofrecer una de las tarifas eléctricas más bajas de la región y el mundo, sin subsidio.

El tercer argumento, de que el marco jurídico eléctrico del Paraguay es obsoleto –pues no hay ente regulador, no hay mercado mayorista y todo está en manos del Estado–, carece de todo fundamento. Al contrario, los entes multilaterales más serios e independientes (OLADE, CEPAL) sostienen que en países de pequeñas dimensiones económicas y poblacionales, como el Paraguay, lo ideal es una empresa estatal eléctrica verticalmente integrada como la ANDE. No existen ya “recetas”, dadas por el denominado “consenso de Washington”, que recomendaban privatizar, marcos regulatorios y mercados en los que triunfe el gran capital (1). Lo obsoleto es proponer el perimido marco neoliberal, del perimido “consenso de Washington”.

Cabe ahora clarificar que lo que proponen los diputados es una privatización, pues así lo establece el Proyecto de Ley al crear el mercado mayorista, los generadores, comercializadores, distribuidores y transmisores privados, que serán en general de grandes transnacionales, como lo vemos por las experiencias de Brasil y Argentina, para no ir más lejos. Si estas empresas privadas tendrán los negocios más suculentos –a la ANDE quizás le dejen los negocios menos rentables– ¿es o no una privatización del sector eléctrico lo que propugnan los autores del “marco regulatorio”?

Por último, la acusación de la gran prensa empresarial –cuyos accionistas quieren participar como socios minoritarios siquiera en la privatización eléctrica, el negocio del siglo– de que los trabajadores de la ANDE se oponen a la privatización simplemente para defender sus privilegios, es una media verdad que no resiste una discusión seria. Hay indudablemente funcionarios de ANDE que quizás sólo vean la defensa de su puesto de trabajo, lo que de cualquier manera es legítimo, pues todos los procesos de privatización significaron despidos masivos, a más de pérdidas al Estado y la sociedad toda. Muchos trabajadores de ANDE, sin embargo, defienden que el servicio público de electricidad siga siendo estatal por principios, por haberse vuelto conscientes de que la sociedad toda perderá con tal privatización. Además, hay que recordar que el principal grupo que se opuso a la privatización de las empresas públicas en el Paraguay en el año 2002 no fueron los trabajadores de las empresas sujetas a privatización, sino que fue el movimiento campesino.

Contestados los argumentos de los privatizadores, nos preguntamos ¿qué buscan con la privatización del sector eléctrico paraguayo? En nuestra opinión, están detrás de (a) tarifas preferenciales para grupos privilegiados, como Río Tinto Alcan, (b) capturar el fabuloso negocio de la exportación hidroeléctrica y (c) el control de otros componentes del negocio eléctrico.

De acuerdo al Proyecto de Ley del “marco regulalatorio del sector eléctrico”, se propone que las tarifas ya no sean fijadas por el Poder Ejecutivo sino por el ente regulador, a ser integrado por técnicos que no tendrán que pagar ningún costo político aún si cometen el peor de los negociados, como sería subsidiarle a Río Tinto Alcan en 14.000 millones US$ durante sus primeros 20 años de operación, como pretende esta transnacional y hasta ahora no lo consiguió. Río Tinto Alcan es una transnacional acusada de genocidio (en Papúa Nueva Guinea) en los tribunales de los EE.UU. de América, cometió innumerables violaciones de derechos humanos y laborales en todo el mundo y es sospechosa de haber propiciado el Golpe de Estado Parlamentario el 22 de junio del año pasado, porque el Presidente Fernando Lugo fijó una posición de NO subsidiarle. Un ente regulador, sin costo político alguno, si se aprueba la ley propuesta por diputados que ya se están yendo, abrirá las puertas a la estafa que pretende hacer Río Tinto al pueblo paraguayo, en una cifra igual a nada menos que 7 veces la deuda externa paraguayo, lo que nos empobrecerá enormemente.

El Proyecto de Ley prevé también que el negocio de la exportación pueda ser entregado a cualquier “comercializador” privado. Éste es otro de los fabulosos negocios para unos pocos privilegiados y pérdida total para el pueblo, de nuestra riqueza más importante, la energía hidroeléctrica.

Finalmente, el Proyecto de Ley facilitará concesiones de generación (en ríos nacionales), transmisión y distribución, incluso de áreas actualmente servidas por la ANDE.

Las consecuencias de este proceso de privatización del sistema eléctrico nacional será (a) el fin de los beneficios netos que el sistema eléctrico da al país (750 millones US$/año, y puede dar mucho más) y, consiguiemente, el recorte de planes de educación, salud, asistencia social, inversiones para empleo e infraestructura, (b) la concreción de estafas, como la de Río Tinto Alcan, que nos obligarán aún más a trabajar como esclavos para subsidiar a tal transnacional, y (c) el aumento de las tarifas eléctricas para todos los usuarios nacionales, tanto familias como comercios e industrias, pues alguien deberá pagar los enormes regalos que se harán a Río Tinto Alcan y a los exportadores de nuestra hidroelectricidad.

En definitiva, si se concreta la privatización del sector eléctrico, como irresponsablemente propone un grupo de diputados, el Paraguay perderá soberanía y se atentará contra la misma vida, contra los derechos humanos más preciados, al empleo digno, al acceso a los servicios (como el eléctrico), a la educación, a la salud y a otros derechos que, al malvenderse nuestra principal riqueza natural, se quedarán sin fuente de sustentación.

En estas circunstancias, no queda otra alternativa más que crear aceleradamente conciencia en toda la población, primero, y movilizarnos, seguidamente, para que, entre todos, levantemos un clamor a fin de que se pare definitivamente este criminal robo a la principal riqueza natural conocida en explotación del Paraguay, nuestra valiosísima energía hidroeléctrica.

Notas:

(1). CEPAL. Privatización y conflictos regulatorios: el caso de los mercados de electricidad y combustibles en el Perú. Santiago, Chile, marzo 2000. En sus “comentarios finales” la CEPAL sostiene que “la integración vertical de la industria (eléctrica) es un factor importante en la búsqueda de la rentabilidad…”, p. 32.

Fuente: Diario E’a. http://ea.com.py/la-privatizacion-del-sector-electrico/