Política Energética

Frente a las audiencias públicas sobre energía eléctrica ¿más renta para las empresas o rescisión de las concesiones?

Por Claudio Lozano y Gustavo Lahoud 

En el marco de un brutal tarifazo eléctrico sobre el sector de Generación se llevaron a cabo las audiencias públicas respecto al valor agregado de distribución que representa el 40% de la factura.

 

El servicio eléctrico acumula graves problemas. Por un lado en generación, con máquinas antiguas paradas por falta de mantenimiento, uso de combustibles líquidos que encarecen los costos ante la falta de gas y carencia de planificación de mediano y largo plazo en el sector. Por otro, en transporte (pérdida de energía, fallas de trasmisión) y en distribución (descenso importante en el mantenimiento de las redes).

La causa de todo esto es la falta de inversiones suficientes de casi dos décadas por parte de las empresas y una ineficaz regulación pública por parte del Estado, lo cual se agravó por la falta de planificación integral en un sistema que funciona de manera fragmentada. En ese contexto las empresas han multiplicado por cinco la frecuencia de los cortes por año y por seis la duración horaria de esos cortes. En este contexto, en la propia Audiencia, EDESUR propuso que si entre el 2017 y el 2021 se hacen las inversiones previstas, las horas promedio anuales sin servicio eléctrico pueden bajar un 55%. En suma, con aumentos tarifarios y realizando las inversiones, piden 5 años para volver a la calidad del servicio existente en el 2003. Estamos en presencia de un disparate mayúsculo que elude enfocar el problema en donde está.

El problema no son las tarifas atrasadas, ya que las empresas percibían también los millonarios subsidios. El enfoque que exige la emergencia energética es discutir el problema de la inversión o mejor dicho, la conducta reticente a la inversión por parte de las empresas. Pero en los últimos veinte años nunca hemos conocido con certeza que obras y que planificación realizaron EDESUR y EDENOR para asegurar la calidad del servicio. Había fallas en 1998 o 1999, 2001, 2003, como las hay, multiplicadas, en los últimos años. Entre 2013 y 2015, el Estado Nacional destinó más de 5000 millones de pesos a las distribuidoras para obras de todo tipo en la red. ¿Se ejecutaron? ¿Se controló esa ejecución? La falta de inversión, el costo de extracción del barril de petróleo, que está en u$14, cuando les reconocemos a las petroleras un valor cercano a u$70 y la necesidad de garantizar un mínimo vital energético o un piso de consumo libre o gratuito para toda la población, son claves para una propuesta distinta pero que para ejecutarse necesita penalizar con la rescisión del contrato, el incumplimiento reiterado de las inversiones. Esto es lo que desarrollamos en el presente material.

I- Sobre los aumentos de febrero de 2016 y la audiencia pública posterior

En el marco de la emergencia energética declarada por decreto en diciembre de 2015, el Gobierno Macri implementó, desde el 1 de febrero, un brutal tarifazo en el servicio público de electricidad que impactó sobre más de 5 millones de usuarios de Edenor y Edesur en la región metropolitana.

Esta recomposición tarifaria con quita de subsidios, tiene dos tramos: por un lado, una suba de más del 300% promedio en el precio de la energía mayorista que las empresas distribuidoras y los grandes usuarios le compran a las generadoras y, por el otro, aumentos promedio que oscilan entre el 250% y el 500% en las tarifas de usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Estos reajustes implican una drástica baja en el monto de los subsidios que el Estado nacional canalizaba al sector energético en 2015. Las cifras son contundentes: la contracara del tarifazo son 60.000 millones de pesos de subsidios a la generación que, de ahora en más, caerán sobre las espaldas de la población. Esto le permitirá al Gobierno reducir los subsidios hasta un 50%. Mientras se toman estas medidas, las empresas petroleras han recibido, en los últimos cuatro años, más de 8.000 millones de dólares en todo tipo de subsidios.

Téngase en cuenta que los valores de energía que las empresas distribuidoras facturan, han aumentado sustancialmente. Con excepción de la denominada tarifa social, el promedio de aumento para todos los usuarios de Edenor y Edesur -un total de 4.6 millones- en Capital y región metropolitana, se ubica en el 500%. Incluso, aquellos usuarios que logren ahorros por entre el 10% y el 20%, tendrán aumentos que superan el 350%, mientras que los que “ahorren” un 20% o más, “gozarán” de aumentos cercanos al 250%. Estos datos resultan realmente sorprendentes. Aquí hay algo más que señalar: los valores de referencia del kilovatio hora para consumos residenciales, comercios y pequeñas empresas, han pasado de un promedio de $0,090 a $0,110 a un valor que oscila entre los $0,44 y los $0,61, mientras que el valor de referencia para los grandes usuarios está en $0,773 por kilovatio hora. En definitiva, los grandes usuarios tendrán aumentos que oscilarán entre el 600% y el 700%, mientras que el grueso de los usuarios, afrontarán aumentos de un 500% promedio, si es que no logran ahorros de energía.

Por otro lado, el monto total destinado a los subsidios del sector eléctrico que se pretendieron suprimir con estos importantes aumentos de tarifas en el segmento mayorista, se calculaba en u$s 4.000 millones, sobre un total de u$s9.800, que es la cifra global de subsidios destinados a todo el sector de generación en 2015. Es decir, hablamos de una poda del 40% sólo en ese segmento. Así, en 2016, el Estado afrontará cargos por u$s 5.800 millones que se destinarán a las generadoras, mientras que los u$s4.000- unos $60.000 millones a un tipo de cambio de 15 pesos por dólar- serán afrontados por los usuarios.


Estas transferencias, deben ponerse a la luz del anómalo funcionamiento del mercado de hidrocarburos en la Argentina, ya que, como es de público conocimiento, en nuestro país el precio del petróleo liviano está en los u$s 67, mientras que, en el mercado internacional, los valores de referencia acumulan dos años de bajas significativas, a tal punto que los precios de nuestro “barril criollo”, han estado entre un 70% y un 30% por arriba de los precios internacionales en los últimos dos años. Ello implicó que las empresas del eslabón upstream, se hicieran de un “subsidio” encubierto de unos u$s3.000 millones en 2015, mientras que en 2016, podrían llevarse cifras más o menos similares. En tal sentido, recordemos que los costos de extracción promedio en las cuencas productivas maduras en la Argentina están en torno a los u$s 14, lo cual implica que los valores de referencia en los precios mayoristas de la energía eléctrica- que están muy influidos por los hidrocarburos, ya que el 70% de nuestra generación eléctrica es de origen térmico-, responden, en definitiva, a estas lógicas de rentabilidad vía subsidios y captura de renta bajo la que funciona todo el sector energético en nuestro país.

Ahora, sobre las espaldas de un brutal tarifazo como el descrito en el segmento de generación de energía eléctrica, se asienta la decisión de convocar a Audiencia pública para discutir las propuestas de las empresas concesionaras del servicio de distribución eléctrica en la región metropolitana, Edenor y Edesur.

Téngase en cuenta, además, que este nuevo escenario generó una reacción parcial de diversos sectores de consumidores en todo el país, lo cual se expresó en la judicialización de las decisiones tarifarias tomadas por el Ministerio de Energía de la Nación. Uno de los casos más relevantes, en ese sentido, fue la decisión de la Jueza Federal de San Martín, Martina Forns, que declaró nulas las resoluciones dictadas en febrero pasado y ordenó retrotraer la situación tarifaria al 31 de enero. Sin embargo, este fallo parcial de comienzos de julio de 2016, fue apelado por el Gobierno nacional y, en el contexto del crecimiento de la conflictividad por el ya conocido fallo de la Corte Suprema sobre el caso del gas- dictado el pasado 18 de agosto, a partir del cual se convocó a Audiencia Pública el 16 de septiembre para el tratamiento integral de la problemática de precios y tarifas del gas natural-, la misma Corte rechazó días después la medida de la Dra. Forns alegando falta de legitimación de los actores que habían llevado adelante el pedido de medidas cautelares.

Asimismo, el pasado 7 de julio de 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata- que había actuado también en el caso del gas- había establecido una medida cautelar por un plazo de tres meses, pero para los reajustes tarifarios encarados por las empresas que prestan servicio en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ello incluía las nuevas tarifas de las cuatro principales prestadoras del servicio en el territorio bonaerense- EDEA, EDEN, EDES y EDELAP-, aunque también se manifestó que la cautelar regiría para los usuarios bonaerenses de EDENOR y EDESUR, cuya jurisdicción es nacional. Sin embargo, estas medidas fueron desestimadas por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera tal que las decisiones tarifarias adoptadas en febrero pasado para los casos de las empresas EDENOR y EDESUR- que es lo que nos compete específicamente en este caso-, quedaron firmes en términos de vigencia desde la perspectiva de las empresas y el gobierno nacional.

Sin embargo, el pasado 8 de octubre, el juez federal de San Martín Oscar Papavero, ordenó que, hasta que no se cumpla con la audiencia pública, Edenor y Edesur no podrán aplicar los aumentos dispuestos por las resoluciones 6 y 7 de febrero de 2016 del Ministerio de Energía en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esa decisión estuvo vinculada a una acción de amparo presentada por usuarios de Tres de Febrero, pero además el mencionado magistrado dictó sentencia contra los aumentos en una demanda conjunta de usuarios de Tres de Febrero, la entidad Consumidores Argentinos y el Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad). Esa causa tramitaba en el juzgado de la Dra. Forns, que fue recusada, a partir de lo cual intervino el mencionado magistrado en carácter de juez subrogante. Este trámite ha sido apelado por las autoridades nacionales, y actualmente se encuentra en la Cámara Federal de San Martín, que debe definir los criterios a seguir.

Sobre este imprevisible escenario, las exposiciones de las empresas Edenor y Edesur en la audiencia pública del pasado 28 de octubre, giraron, básicamente, en torno a la recomposición de los precios de la energía en el segmento de distribución, lo que se conoce como el valor agregado de distribución (VAD), y que explica el 40% de la tarifa final del servicio eléctrico. Algunos breves señalamientos:

1- Los aumentos solicitados para el consumo de electricidad para los usuarios residenciales entre ambas empresas, promedian el 31%, cálculos que se han efectuado a diciembre de 2015, es decir, con anterioridad al escenario devaluatorio y del establecimiento de los nuevos precios mayoristas de energía. También se han elaborado propuestas para simplificar las categorías de usuarios hacia el futuro. En el caso de los pequeños comerciales e industriales, se proponen reajustes en torno al 49%, aunque tengamos presente que el tarifazo aplicado al valor mayorista de la energía, también ha afectado gravemente a los sectores industriales y comerciales.

2- Un aspecto interesante a señalar, es que en las propuestas presentadas, se equiparan los valores de los cargos fijos para las ocho categorías de usuarios, tomando un valor de referencia de $76. Ese monto implica que, para el caso de los consumos más modestos- inferiores a 300 kw/h- el ajuste a afrontar por el cargo fijo puede superar el 300%.

3- Ambas empresas proponen ajustar sus programas de inversión en el quinquenio 2017-2021, en función de distintos tipos de obras que deberían encarar para mejorar el servicio. Esa planificación quinquenal, retoma lo que se ha normado en los contratos de concesión de comienzos de los ’90, que establecían que luego de la primera década de concesión- allá por el 2002-, debían realizarse reactualizaciones por lustros. Recuérdese que, en el contexto de la emergencia económica de 2002, esas decisiones fueron supeditadas a la revisión tarifaria integral que debía hacerse hacia 2004, y que finalmente no se encaró. Así, Edenor propone 26.000 millones de pesos de inversiones por el quinquenio 2017-2021, mientras que Edesur propone una erogación de 14.000 millones aproximadamente. Lo más elocuente de estas propuestas, es que no conocemos todavía auditoría alguna sobre lo que estas empresas han realizado con los millonarios subsidios recibidos en los últimos años, de manera tal que se hace muy difícil sostener una nueva situación de “borrón y cuenta nueva”, más aún cuando la calidad de la prestación del servicio se ha deteriorado en forma alarmante en los últimos años. En referencia a ello, Edesur sostuvo en la audiencia pública que, si en el quinquenio 2017-2021 se realizaran todas las inversiones previstas, podrían bajar las horas promedio anuales sin servicio eléctrico en torno al 55%, de las 32 horas actuales promedio/año a 14 horas/ año, lo cual implica que, aún después de cinco años, todavía tendríamos un servicio de menor calidad al que teníamos en 2003. Recordemos que se trata de un servicio público esencial, prioritario, que configura un derecho humano inalienable, con lo cual la accesibilidad y la calidad de la prestación, no pueden verse deterioradas en forma permanente bajo la premisa de la “recomposición de las rentabilidades” de las empresas.

Finalmente, es importante señalar que recientemente las empresas Edenor y Edesur han solicitado vía sendas notas dirigidas al Ministerio de Energía y Minería, la condonación o refinanciación de las deudas millonarias acumuladas por las empresas por compras de energía que no se han liquidado a CAMMESA, que es la comercializadora de la energía en la Argentina. El total de las deudas de las empresas distribuidoras del país, asciende a los 22.000 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares), de los cuales, el 50% aproximadamente corresponde a Edenor y Edesur.

II- Ahora, ¿qué es lo que está en discusión?

El servicio eléctrico acumula graves problemas. Por un lado, en la generación, con máquinas antiguas paradas por falta de mantenimiento, uso de combustibles líquidos que encarecen los costos ante la falta de gas y carencia de planificación de mediano y largo plazo en el sector. Por el otro, en transporte (pérdida de energía, fallas en transmisión) y en distribución (deterioro importante en el mantenimiento de las redes).

La causa de todo esto: la falta de inversiones suficientes de casi dos décadas por parte de las empresas y una ineficaz regulación pública por parte del Estado, lo cual se agravó por la falta de planificación integral en un sistema que funciona en forma fragmentada.

La respuesta del Gobierno fue la emergencia y una decisión concreta, ligada únicamente a recomponerle condiciones de precios a las empresas para lograr una reducción del consumo popular, de forma tal de “mejorar” en forma temporaria la situación y volver, en dos años, a la “calidad de servicio” de 2003. Hoy, luego de más de una década de desinversiones, las empresas han multiplicado por cinco la frecuencia de los cortes por año y han aumentado por seis la duración de horas de esos cortes.

Mientras se toma esta decisión, hay una pregunta que sigue vigente: ¿cómo se ha controlado y cómo se controlará la ejecución de las obras necesarias en toda la red? Es que la llamada “calidad del servicio”, siempre se mide después por parte del Ente Regulador y, en más de veinte años, nunca hemos conocido con certeza qué obras y qué planificación realizaron las empresas Edenor y Edesur para asegurar la calidad del servicio. Había fallas en 1998 o 1999, 2001, 2003, como las hay, multiplicadas, en los últimos años.

Entre 2013 y 2015, el Estado nacional destinó más de 5.000 millones de pesos a las distribuidoras para obras de todo tipo en la red. ¿Se ejecutaron? El Estado, ¿controló esa ejecución? ¿Cómo?

Por otro lado, se estableció una tarifa social, destinada, en principio, a más de 900.000 usuarios de menores recursos en la región metropolitana. Asimismo, se estima que, en todo el país, la tarifa social hoy alcanza a un total de 3.200.000 usuarios, lo que representa un 22% del total de usuarios de energía eléctrica en el país. En estos casos, se garantizaban 150 kw/h por mes gratuitos, que recientemente, fueron modificados hasta los 300 kw/h. Pero, ¿cómo se establecieron estos parámetros? ¿Por qué 150 kw/h garantizaban, en principio, un “acceso digno” a un bien social como es la energía, y no 300 o 400 kw/h? Además, ¿no deberían las empresas ser responsables por el financiamiento de una tarifa social? A su vez, tanto en los períodos estivales como invernales, se sabe muy bien que un consumo ubicado en los rangos de 150 kw/h a 300 kw/h es exiguo, ya que apenas garantiza el uso del sistema de iluminación, una heladera (que consume, por sí sola, alrededor de 50 kw/h por mes, es decir, un tercio de la tarifa social), un televisor con no más de cuatro a seis horas diarias de uso y algún que otro electrodoméstico menor. Si a ese consumo básico, se le agrega tan sólo un aire acondicionado- en modo frío o calor- , por no hablar de estufas de cuarzo o turbocalefactores en el período invernal o bombas de agua- que consumen más-, el acceso a un rango de 150 kw/h a 300 kw/h implica, concretamente, subconsumo de un servicio básico, que constituye un derecho humano inalienable e inviolable para asegurar una vida digna.

No obstante ello, resulta pertinente poner en consideración dos aspectos del problema, que es mucho más complejo. Mientras las capacidades regulatorias del sector público se degradaban en forma permanente, las orientaciones y las reglas de juego que han estructurado al sector, no sólo no fueron problematizadas para su modificación , sino que fueron emparchadas a través de distintas medidas coyunturales que oscurecían aún más el funcionamiento del sector, al tiempo que crecieron de manera sostenida los subsidios energéticos destinados a “cubrir” las enormes brechas existentes entre los costos reales de generación de la energía y los precios finales que todos los usuarios pagaban. Este ha sido un largo proceso, en el que la principal víctima ha sido la falta de información realmente auditable, ya que, en más de doce años, el conjunto del sector energético recibió más de 580.000 millones de pesos en todo tipo de subsidios, no sólo dirigidos a paliar los “atrasos tarifarios más graves”- el caso de los servicios de distribución de electricidad en las regiones capitalina y metropolitana, prestados por Edenor y Edesur-, sino también al conglomerado de empresas privadas con predominante presencia del capital trasnacional.

En concreto, todo el esquema de funcionamiento del sistema energético, remite, por un lado, a la insuficiencia productiva, a la destrucción de activos y al deterioro estructural de las inversiones ligadas al crecimiento sostenido de la oferta de bienes y servicios del sector, y, por el otro, a la inexistencia, desvirtuación y/o desestructuración de parámetros y reglas de juego claras para la regulación y control públicos del conjunto de los actores empresariales del sector. Esta combinación de dinámicas estructurales, indican claramente que debe focalizarse la atención en el desempeño de las empresas, mirada que es fundamental instalar de cara a una modificación integral de todo el esquema de prestación de servicios públicos.

En ese contexto complejo, la posibilidad de poner en debate criterios de modificaciones tarifarias en los servicios públicos de electricidad y gas natural, debe partir de un adecuado examen de la integralidad estructural de los problemas del sistema energético y, desde allí, poner en el centro de la escena el bien social de la energía como un derecho, lo cual implica que los criterios de acceso universal, equidad, eficiencia y asequibilidad, deben ser centrales a la hora de los debates concretos sobre cambios tarifarios, como ha sostenido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso sobre el tarifazo del gas natural. Asimismo, la proporción de gastos en los servicios públicos energéticos que una familia tipo con ingresos fijos debe afrontar, es uno de los aspectos críticos a tener en cuenta. Kozulj afirma que:

“Esta proporción es sólo el 1,2 por ciento en los Estados Unidos y llega al 1,8 por ciento para los más desfavorecidos en ese país. En el Reino Unido, en 2012, con precios de los energéticos haciendo récord, el gasto de electricidad y gas representaba el 5 por ciento del ingreso de los hogares (3 por ciento en 2002).”

Esta arista del tema, introduce problemáticas varias que cruzan la emergencia de lo que denominamos pobreza energética en importantes sectores sociales de nuestras comunidades, es decir, aquella situación en la que las políticas de acceso a los bienes públicos energéticos se ven seriamente restringidas, al tiempo que nos confrontamos con la dimensión de la asequibilidad, que puede verse comprometida a causa de la imposibilidad de pagar los servicios efectivamente consumidos.

En definitiva, la luz, el gas y el agua son, ante todo, bienes públicos comunes, cuya accesibilidad universal debe ser asegurada y protegida. Por ende, someter la operación de servicios públicos estratégicos para la vida y la reproducción de la comunidad a criterios competitivos de mercado, no es más que la negación misma del derecho humano a la energía.

III- ¿Qué hacer?

Ante el agravamiento del panorama tarifario en materia eléctrica, y ante la perspectiva de serios inconvenientes en el período estival que se acerca, resulta fundamental poner el foco en un conjunto de propuestas que implican tomar la problemática de manera integral. En tal sentido, debería avanzarse bajo los siguientes criterios:

- Declarar el estado de emergencia pública en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de las serias deficiencias en el servicio de distribución de energía eléctrica brindado por las empresas Edenor y Edesur. Lo mismo debería hacerse en los partidos del conurbano en la provincia de Buenos Aires. En concreto, se trataría que ambos distritos adhieran al Decreto 134/2015, que declaró la Emergencia de Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Boletín Oficial el pasado 17 de diciembre de 2015.

- Disponer todos los medios efectivos en las áreas de la Administración pública vinculadas a la asistencia de los ciudadanos ante situaciones de cortes generalizados del servicio eléctrico. Ello implica la activación del Plan Director de Emergencias y la elaboración de un mapa con puntos prioritarios en todas las comunas de la Ciudad y del conurbano donde deben dirigirse los esfuerzos para paliar las situaciones más críticas. Ello supone la realización de un inventario específico sobre el adecuado aprovisionamiento de grupos electrógenos que resultan necesarios para atender la emergencia, cuya responsabilidad correrá por cuenta de los respectivos Gobiernos. A tales efectos, será fundamental encarar ese relevamiento a través de las respectivas Juntas Comunales, activando Comités de Crisis en el marco de los Consejos Comunales Consultivos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Es fundamental que, en el marco de la mencionada Emergencia del Sistema Eléctrico Nacional, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, conmine a las empresas Edenor y Edesur a disponer de todos los equipos de generación móvil necesarios- a su entero y exclusivo costo- para paliar las consecuencias más críticas de la emergencia en los distintos barrios y distritos de la región metropolitana.

- Poner en marcha los procesos administrativos para la rescisión de los contratos de las empresas prestadoras del servicio de distribución eléctrica en nuestra región metropolitana, a causa de los graves incumplimientos registrados durante las pasadas dos décadas, que se han agravado en los últimos años.

-Establecer pautas claras que permitan asegurar el acceso universal a la energía como derecho humano inviolable. En este sentido, el suministro seguro, eficiente y barato, su perdurabilidad en el tiempo y la accesibilidad, son aspectos fundamentales de cualquier política eléctrica verdaderamente democrática. Entre el 70% y el 80% de los usuarios de Edenor y Edesur están concentrados en franjas de consumo que van desde 0 hasta 400 kw/h por mes. En estos sectores sociales, podría haber muchísimas situaciones concretas, como la de las familias electrodependientes o los que comparten medidor en muchas zonas de barrios precarios y villas de emergencia. Asimismo, las situaciones de pequeñas empresas y comercios deberían ser especialmente contempladas.

- Exigir a las empresas prestadoras del servicio y al Gobierno nacional, la divulgación pública de los planes de obras realizados en la red de distribución eléctrica durante el trienio 2013-2015 en lo que se refiere a mantenimiento de redes, funcionamiento de subestaciones, cámaras y transformadores en la región metropolitana.

- Exigir a las empresas y al Gobierno nacional que se informe con precisión la eventualidad de cortes de suministro programados relacionados con las obras de mantenimiento y reparación de la red eléctrica. En estos casos, se debería informar el tiempo estimado de duración del corte, como así también la frecuencia con la que se producirán cortes de suministro.

- Especificar la forma y los tiempos en que se realizarían los estudios de factibilidad que deberían determinar si la incorporación de los nuevos requerimientos de potencia a la red no producen modificaciones "que afecten la calidad del servicio", de acuerdo con los respectivos contratos de concesión. Esto es relevante, ya que, como sabemos, la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado un boom inmobiliario que no ha sido acompañado del adecuado crecimiento en la infraestructura básica de los servicios públicos.

- Exigir al Gobierno nacional la convocatoria inmediata y sin retrasos de una nueva audiencia pública, para tratar la problemática integral de funcionamiento, mantenimiento y tarifas del servicio público de electricidad, como así también, la imperiosa necesidad de preparar un escenario de reformas integrales en las que, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires, participen como actores centrales en el proceso de reformulación de los mecanismos de regulación y control del servicio público de energía eléctrica. Ello supone retrotraerlos cuadros tarifarios vigentes al 31 de enero de 2016.

- Estudiar la creación de una Agencia Metropolitana de Eficiencia Energética (AMEE), cuyo principal objetivo será la investigación, reunión y sistematización de información referida a proyectos y programas con dos vectores de trabajo bien identificados: por un lado, propuestas que permitan avanzar en forma constante en el ahorro y más eficiente uso de la energía con el consecuente logro de mayor eficiencia y, por el otro, el estudio sistemático y la puesta en marcha de proyectos pilotos dirigidos a la diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica y al establecimiento de mecanismos de generación autónoma complementaria a través de fuentes renovables, destinados tanto al hábitat y vivienda urbana, como al transporte público de pasajeros y a los sectores industriales y comerciales.

Asimismo, nos preguntamos si no ha llegado la hora de plantear un esquema de reordenamiento tarifario que, en el caso de los usuarios residenciales, permita asegurar el acceso universal al gas natural y a la electricidad, a partir de dos tipos de alternativas:

a- Un piso de consumo libre y gratuito para toda la población, independientemente de los niveles de ingresos y consumos. Esto funcionaría como una suerte de renta mínima o básica, a la que todo ciudadano tendría acceso por tratarse de un servicio que constituye un derecho humano inalienable. Es decir, la propuesta se sustenta en la concepción de la energía como derecho humano, cuya accesibilidad debe priorizarse sobre cualquier otra dimensión. Esos mínimos de suministro energético imprescindibles para asegurar un hábitat digno y adecuado, podrían comportar, también, cambios en función de las regiones, sean éstas templadas, cálidas o frías, de modo tal de comprender de la forma más justa posible, al conjunto de la heterogénea población del país. Ese piso de consumo libre se ubicaría en torno a los 300 kw/h mensuales, y el precio de referencia de la energía eléctrica no abonada por los usuarios que el Estado nacional cubriría vía subsidios, debería resultar de un mix entre los costos de extracción de gas y petróleo, ya que, como se comentó anteriormente, el 70% de la generación de energía eléctrica proviene de centrales térmicas, que son alimentadas con gas y combustibles líquidos- gasoil y fueloil-, que sirven como sustitutos en los meses de invierno cuando la oferta de gas es más escasa. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el funcionamiento “protegido” del mercado nacional de hidrocarburos, comporta la inadmisible cesión de privilegios vía subsidios a las grandes empresas, que deberían ser canalizados al sostenimiento de un esquema de prestación de servicios públicos que privilegie el acceso y la asequibilidad. Por cierto, un sistema así concebido, implicaría que por encima de los pisos garantizados, el usuario pagará la energía en función de los niveles crecientes de ingresos y consumo, mientras que, para el caso de uso suntuario de la energía, pueden preverse precios que estén en línea con los costos más altos que el sistema de generación debe afrontar, y que son los vinculados a las máquinas térmicas alimentadas con combustibles líquidos, que es el tipo de generación más ineficiente y onerosa.

b- Un mínimo vital energético, que implicaría establecer una tarifa diferencial muy baja- al modo de una tarifa social- destinada a todos los usuarios por igual, con criterios de progresividad que establecen claramente que, cuanto mayor es la capacidad contributiva del usuario- lo cual generalmente podría implicar que consuma más-, mayor será la tarifa que tendrá que afrontar. Ello podría orientarse en términos de lo que se conoce como “subsidio cruzado”, según lo cual, los que más consumen subsidian a los que menos consumen. Por cierto, esto no supone abonar lisa y llanamente la idea según la cual “el que más consume más debe pagar”, ya que podríamos estar ante el caso de hogares electrodependientes, cuyos consumos son más altos que la media y que, como tal, deben ser considerados bajo modalidades de mínimos vitales que garanticen el acceso al servicio, como a través de propuestas basadas en acceso libre directo con un piso más elevado en términos de niveles de consumo. Un esquema de estas características, debería sostenerse- como en la propuesta anterior- a partir del establecimiento de políticas de transferencias de subsidios que impliquen terminar con cualquier tipo de fondos dirigidos a “incentivar” a las grandes empresas del sector hidrocarburífero, de modo tal de destinar esas sumas varia veces millonarias al fortalecimiento de políticas de accesibilidad a los servicios públicos esenciales. Asimismo, esa modalidad de mínimo vital, implicaría la implementación de estrategias similares a la propuesta anterior, en lo que respecta al sobreconsumo de energía eléctrica, que debería ser penalizado en función de los criterios antes señalados.

 

Claudio Lozano / economista, diputado nacional (mandato cumplido) por Unidad Popular.

Gustavo Lahoud / Lic. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL). Magíster en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional. Docente Adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL. Investigador becado de la Escuela de Defensa Nacional. Investigador del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL.

Fuente: http://www.ipypp.org.ar/descargas/2016/Energia%20Electrica.%20Mas%20renta%20a%20las%20empresas.pdf

 

 

 

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